Adiós a Dr. Baigún
Hace pocos días falleció el Dr. David Baigún. Notable jurista, fue uno de los tanto abogados que luchó incansablemente por la vigencia de los derechos humanos en las tenebrosas jornadas de la dictadura cívico – militar 1976-83.
El ICUF (Idisher Cultur Farband / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina) lamenta profundamente su deceso en tanto representa una gran pérdida para los sectores populares y para que el Derecho sea Justicia.
David Baigún. Nació el 19/03/1926. Hijo de inmigrantes polacos, “Tute” Baigún abandonó la pequeña casa de paredes blancas en una de las esquinas de Macachín para estudiar abogacía en Buenos Aires. Llevó consigo el apodo que su padre le había puesto de niño y que lo acompañaría a lo largo de su vida. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA). Profesor Titular Consulto de Derecho Penal (UBA). Director de la Carrera de Especialización en Derecho Penal en las universidades de Buenos Aires, del Comahue, de la Patagonia San Juan Bosco, del Centro, de Mar del Plata y de Necochea. Director de la maestría en Derecho Penal del Mercosur (UBA). Fue Director del Centro de Asuntos y Estudios Penales del BCRA. Presidente de la Sección Argentina de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Miembro de la Comisión de Reforma Integral del Código Penal y de la Asociación Americana de Juristas. Autor de numerosos libros y publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales. Recibió muchas distinciones nacionales e internacionales. Falleció el 01/10/2015.
Afiliado al Partido Comunista Argentino, estudioso del pensamiento marxista y conocedor de las discusiones de la izquierda europea, sus primeros años de ejercicio profesional fueron de intensa actividad como defensor de presos políticos y militantes perseguidos. Durante la dictadura fue el primer abogado que contactó Estela de Carlotto. Él presentó los reclamos por los nietos desaparecidos. Fue abogado de presos políticos durante la dictadura e impulsó los juicios por el robo de bebés.
Les dejamos esta columna de opinión del Dr. David Baigún, publicada en el diario Clarín
LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA
En el marco de la crisis financiera internacional que estamos atravesando, se vuelve cada vez más necesario resaltar la importancia de perseguir la delincuencia económica. La situación en la que están inmersos los distintos países evidencia la íntima conexión entre este tipo de delitos y las violaciones de los derechos humanos de los pueblos.
La corrupción de los funcionarios públicos es solo una faceta dentro de los delitos económicos. Son los grandes grupos económicos, incluso agrupaciones en cadena, quienes dominan la escena mundial y cometen una serie de delitos cuyo impacto social es altísimo. La política criminal que lleve adelante un Estado no puede desconocer esto, y debe diseñarse e implementarse de una manera eficaz para perseguir estas formas de criminalidad.
En este sentido, Argentina ha logrado un avance fundamental con la sanción, en 2011, de la ley Nº 26.733, que castiga delitos bursátiles y financieros que hasta ese momento se encontraban impunes. Con esta norma se avanzó asimismo en el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual resulta clave en esta materia: esto permite que se apliquen sanciones a las sociedades cuando el delito se realice en su nombre, con su intervención o en su beneficio.
Desde el área legislativa, esta norma debe ser solo un paso en el proceso de reforma de la legislación sobre delitos económicos, que debe abarcar no solo las modificaciones del Código Penal sino también la reforma estructural del Código Procesal Penal.
Por su parte, los restantes poderes del Estado tienen responsabilidades igualmente importantes. En particular, uno de los desafíos más interesantes es el que se le presenta al Ministerio Público Fiscal. Este organismo, que actualmente se encuentra iniciando una nueva etapa, debe cumplir un rol fundamental: es el encargado de encarar la lucha contra la delincuencia económica de una manera distinta a la que ha regido hasta ahora (que se ha caracterizado por su marcada ineficacia). Debe aprovechar este nuevo proceso para desarrollar una política criminal que tenga en cuenta las complejidades al investigar y perseguir este tipo de delitos.
Durante los 25 años siguientes al regreso de la democracia en nuestro país, el perjuicio causado al Estado por los delitos económicos ascendió a los 13 mil millones de dólares.
Esto se ha traducido en que el Estado cueste con menos recursos para desarrollar sus políticas públicas en todas las áreas. La afectación a los derechos humanos se ha vuelto mucho más notoria, y a eso se debe el creciente análisis crítico de la actuación de ciertos actores como los grupos económicos, los bancos, las calificadoras de riesgo, etc. Todos los sectores del Estado encargados de combatir la delincuencia económica deben comprender que la actual situación de impunidad es insostenible, y deben reconstruir la forma de investigación y juzgamiento de los responsables.
El daño producido por estas formas de criminalidad crece día a día, y ello vuelve cada vez más importante luchar contra ellas. Los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal tienen un desafío: lograr que se persiga de manera eficiente a la delincuencia económica, y se recuperen las millonarias sumas de dinero que pertenecen a la sociedad.
Sr. Marcelo Horestein | Secretario
Prof. Daniel Silber | Presidente
