Por eso, en el Día Internacional de la Mujer reivindicamos las diferentes luchas que tiene por objetivo lograr la igualdad de mujeres, hombres y disidencias, que tienden a la emancipación del hombre heterosexual y blanco, y que se enfrentan contra una sociedad patriarcal que nos oprime, nos estigmatiza y, finalmente, nos mata. 

Derechos adquiridos como el sufragio femenino, el acceso a la educación escolar y universitaria, el divorcio y el matrimonio igualitario fueron algunos de los conceptos por los que marcharon nuestras antecesoras desde 1909, y que aún hoy, en gran parte del mundo, se siguen reclamando. La reivindicación de la igualdad, la separación entre sexualidad y reproducción, la exigencia del fin de la violencia obstétrica, de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos son algunas de las proclamas que enarbolamos día a día. ¿Acaso hay diferencia entre aquellas 123 jóvenes trabajadoras que murieron quemadas en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York en 1911, mientras reclamaban por sus derechos laborales y las mujeres que hoy en día tienen que vivir en los talleres clandestinos porque si abandonan sus “puestos de trabajo” no sólo no les pagan, sino que no las dejan volver? ¿Acaso es diferente la situación de las mujeres que en el pasado debieron casarse a la fuerza por mandato familiar y las que hoy son obligadas a parir?

El 8 de marzo de 2017 realizamos el Primer Paro Internacional de Mujeres, en más de 50 países, para visibilizar todas estas cuestiones, pero además como forma de alertar sobre la violencia machista ejercen, no sólo los hombres de a pie, sino las empresas, la justicia, los estados, las fuerzas de seguridad, y tantas otras instituciones, sobre las mujeres, las disidencias, las niñeces e, inclusive, sobre otros hombres que se oponen a estas prácticas. Las agresiones sexuales, sociales, culturales, políticas y económicas son cada vez más recurrentes y una de las principales problemáticas que sufrimos las mujeres y otras minorías en todas partes del mundo.

Como mujeres Icufistas y feministas nos sumamos al paro, y como puntos de reflexiones, queremos compartir las siguiente reivindicaciones: 

Respecto del 7M

El día de la visibilidad lésbica en Argentina recuerda el crimen de Pepa Gaitán, asesinada por el padrastro de su novia, Daniel Torres, quién le disparó con una escopeta, herida que ocasionó su muerte el 7 de marzo de 2010. Su asesino recibió una condena a 14 años de prisión, en un juicio que acompañaron organizaciones sociales, LGBTIQ+ y específicamente de lesbianas cordobesas y de todo el país.

Visibilizar las diversidades implica erradicar la lesbofobia y el lesbodio de nuestras sociedades, y aceptar que las mujeres pueden elegir sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad, sin que esta decisión afecte sus vidas y sus derechos. Pero además, también implica ahondar sobre la cotidianidad de las parejas lesbianas, dejando de lado el romanticismo del amor entre mujeres y su cosificación sexual, gracias a la industria patriarcal de la pornografía.

Femicidios y transfemecidios en Argentina

En nuestro país mueren más de 300 mujeres por femicidio por año; un total de 52 mujeres ya fueron asesinadas en el primer bimestre de 2023, según un informe que publicó el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. A pesar de las campañas de los Estados municipales, provinciales y Nacional, de la creación del Ministerio de la Mujer, y otras políticas públicas que apuntaron a erradicar estos actos de violencia, el número de muertes se incrementó y las denuncias (que llegan a realizarse) por violencia de género aumentan día a día. Las llamadas Comisarías de la Mujer y la Familia no tienen aún la estructura que se estipulaba, y ni hablar del presupuesto para generar redes de contención y cuidado de las víctimas. Cuando decimos que el Estado que nos reprime es el mismo que debe garantizar nuestros derechos, queremos decir que gravemente uno de cada cinco femicidios lo producen miembros de las fuerzas de seguridad: el arma reglamentaria aparece como la herramienta con la que se hostiga, se amenaza o se infligen heridas sobre las víctimas. Atender esta problemática es urgente, no sólo para que no haya más muertes, sino porque es fundamental para la construcción de una sociedad segura.

Justicia con perspectiva de género

Es necesario una descentralización territorial del acceso a la justicia de toda la ciudadanía en términos equitativos mediante horarios flexibles, servicios móviles, delegaciones de la justicia barrial o vecinal, entre otras medidas. Pero además, es urgente que quienes imparten justicia tengan formación con perspectiva de género. La incorporación de la Ley Micaela en el ámbito del Poder Judicial debe incluir mecanismos de revisión crítica sobre el funcionamiento, conformación, integración e intervención del Poder Judicial, tanto en el ámbito nacional/federal como provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La asistencia debe ser integral, es decir, asistencia y acompañamiento interdisciplinario, psicológico, legal y económico a las mujeres y personas LGBTIQ+, en especial a las víctimas de violencia por razones de género, a través de equipos multidisciplinarios, descentralizados con carácter itinerante. 

Trabajo de cuidado, trabajo remunerado.

Todas las personas han sido cuidadas alguna vez y todas las personas necesitan cuidados a lo largo de sus vidas. Sin embargo, el trabajo de cuidado recae mayormente en mujeres y niñas limitando su autonomía.

En Argentina, casi 3 millones de mujeres trabajan en los sectores del cuidado. De ese total, 9 de cada 10, realizan estas tareas sin remuneración y dedican el doble de tiempo que los varones. Según el informe “Las Brechas de Género en la Argentina. Estado de situación y desafíos” (DNEIyG, 2020), las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias.

Mujeres en contextos de pobreza, con hijos/as a cargo y, en muchos casos, jefas de hogar, tienen grandes dificultades para poder conciliar esta doble responsabilidad, y generalmente quedan expuestas a obtener trabajos precarizados, mal remunerados, con baja o nula protección  social y con alta inestabilidad. No es posible intentar combatir el empobrecimiento y la exclusión social sin tener en cuenta la asignación desigual de las tareas de cuidado.

Para lograr la igualdad de género es preciso promover una agenda de cuidados que reduzca la responsabilidad que recae sobre las mujeres, dificultando su acceso al mercado de trabajo productivo, sobrecargando su jornada laboral y reproduciendo estereotipos que limitan sus derechos y oportunidades en otros ámbitos como la recreación, el tiempo libre, la participación política, el desarrollo de estudios y también de su carrera laboral y/o profesional, entre otros derechos. Pero no es sólo cultural: en la mayoría de los trabajos, las licencias por maternidad de las mujeres van de 60 a 120 días, mientras que las licencias por paternidad llegan a los 10 días en los contratos más actualizados. La injusta distribución sexual del trabajo también ubica a las mujeres como cuidadoras en servicios remunerados provistos por el Estado o el mercado como salud y educación, sin embargo  existen marcadas brechas salariales respecto a lo que perciben los hombres que participan en el mismo sector. Exigir la igualdad de género es también legislar para que las tareas de cuidado sean equitativas.

Sobre la Educación Sexual Integral y la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo

La implementación de la ESI en los diferentes niveles escolares ha dado buenos resultados, haciendo que las niñeces puedan comprender la importancia de respetar sus cuerpos y los cuerpos de otras personas. Sin embargo, después de 17 años y por más que sea una ley nacional, no se aplica de la misma forma en las distintas provincias. Las resistencias de familias conservadoras y religiosas a que sus hijas/os reciban este tipo de educación hace que constantemente las escuelas infrinjan la norma, delimitando los contenidos del programa, o directamente, salteando su enseñanza. 

En Argentina, según datos disponibles del informe anual de Unicef de 2019, el 80% de los abusos ocurren en el hogar y son cometidos por familiares y personas cercanas a los niños o niñas víctimas. El embarazo forzado es una de las múltiples consecuencias que tienen los abusos, llegando a casi el 15% del total de los nacimientos en el país. Niñas y adolescentes se convierten en madres porque aún la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no se realiza de forma cotidiana. Los objetores de conciencia y la estigmatización por parte de los grupos “provida” lleva a muchos profesionales de la salud, a funcionarios, e inclusive a jueces, a determinar que la IVE o la ILE no pueden aplicarse. A pesar de que la ley es clara, y que determina el derecho de recibir atención totalmente gratuita tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas (incluyendo todos los estudios, medicamentos y prácticas que fueran necesarios), es sabido que constantemente se restringe su aplicación, y que las únicas víctimas son las personas gestantes obligadas a parir.

Puertas adentro

Prendemos que esta fecha nos sirva también para pensar a nuestras instituciones desde una perspectiva feminista en cada una de ellas, y a nivel federativo. Es por eso que desde la Comisión de Género hemos elaborado un “Protocolo de prevención e intervención ante situaciones de violencia de género en instituciones adheridas al ICUF” que es necesario sean analizadas, aprobadas e implementadas por las Comisiones Directivas de cada institución adherida. 

Por otro lado, y sin dejar de destacar la evolución que ha tenido la Federación sobre este tema, es importante garantizar la paridad de género en la conformación de las dirigencias, a su vez que debemos encontrar las formas de dar espacios a los colectivos LGBTQ+ que habiten nuestras instituciones.

Por último, creemos que la capacitación en Ley Micaela para las Comisiones Directivas se ha implementado de forma dispar entre instituciones, dando incumplimiento a una resolución congresal. No podemos dejar pasar esta crítica interna, dado que las reflexiones en torno a estas temáticas debieran ser una cuestión transversal y no una puesta en valor de una actividad específica.

Tal como lo dicta nuestra carta magna, “Entendiendo que la sociedad en la que vivimos es desigual, (el ICUF) considera necesario visibilizar, potenciar y construir colectivamente a partir de las distintas diversidades e identidades de género y que no debe existir ningún tipo de minoría sometida a los intereses hegemónicos. Por lo tanto, desde las instituciones se apuesta a una política inclusiva que contemple la participación, expresión y escucha del entramado cultural del cual formamos parte, desde la equidad de derechos. En consonancia con esta política, también se apoyan las diferentes luchas feministas plurinacionales.” (Aquí y ahora, noviembre 2021)

Esperamos que este documento sea profundamente analizado, y que dé lugar al intercambio y reflexión en torno a la fecha. ¡Por un mundo igualitario, y sin opresiones!

COMISIÓN DE GÉNERO DEL ICUF

8 DE MARZO DE 2023