DIA DEL INMIGRANTE

El 4 de septiembre se celebra, en nuestro país, el Día del Inmigrante. Tradicionalmente, los inmigrantes fueron bien recibidos. Muchas de nuestras raíces están en esos orígenes. Hasta mediados del siglo pasado, eran los tanos, gallegos, turcos, rusos, gringos; luego, nuestro hermanos latinoamericanos.

Y en estos días nos encontramos frente a una gran contradicción.

La creación, por parte del Gobierno Nacional, de un Centro de Detención de Migrantes —con la excusa de combatir la irregularidad— es una medida preocupante, que atenta contra el principio expresado en nuestra Constitución Nacional de que nuestro territorio está abierto a todos los hombres que quieran habitarlo.

Esta es una manera de estigmatizar al extranjero que, por algún motivo, está indocumentado o no tiene toda la documentación correspondiente; se lo presupone como malo.

Es sabido que muchos de nuestros abuelos ingresaron a nuestro país de manera ilegal, lo cual no los convirtió en delincuentes.

Es público que los avatares de la migración hacen que los papeles de identidad puedan extraviarse o ser presa de bandas de malhechores las que, aprovechándose de la situación de indefensión que muchos de esos viajeros tienen, les secuestren la documentación para utilizarlos como esclavos laborales o sexuales en lo que se califica como trata de personas.

Es conocido que muchos de los inmigrantes ilegales han llegado al país engañados o que incorporados como mano de obra barata o poco capacitada en labores rurales, talleres textiles clandestinos, prostitución u otros trabajos —casi siempre poco calificados—. Estas personas fueron y son víctimas de una verdadera explotación.

Existe toda una legislación tanto nacional como internacional, de organismos como la ONU, el MERCOSUR y otros que protegen los derechos de los migrantes, sin tener necesidad de achacarles la sospecha de delito alguno.

Esta nueva medida gubernamental representa un peligroso retroceso al pasado en Argentina. La ley 25.871 y su decreto reglamentario 616/2010 establecieron otro modelo migratorio desde el 2004. Con anterioridad a esta ley, las leyes migratorias argentinas limitaban las posibilidades de regularización migratoria, generando situaciones de violaciones a los Derechos Humanos como detención, separación de familias, expulsión sin orden judicial, negación de derechos sociales y otras acciones negativas, especialmente sobre migrantes pobres, en general, provenientes de Latinoamérica.

Con la legislación que rigió entre 2004 y 2015, los nuevos instrumentos instituyeron una regla que debe guiar la acción de las autoridades en términos migratorios: a) la condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser vista nunca como un problema de seguridad, sino que es una cuestión clave para el reconocimiento y ejercicio de los derechos por la población migrante b) la regularización de todos los migrantes que se encuentren en el territorio argentino.

Hubo en nuestro país una legislación que expulsaba extranjeros: la Ley Nº 4144 de Residencia o Ley Cané, sancionada en 1902, la que estuvo vigente hasta 1958. Permitía y habilitaba al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo; fue utilizada discrecionalmente por sucesivas administraciones nacionales para reprimir la organización sindical trabajadora.

No volvamos al pasado.

El ICUF (Idisher Cultur Farband / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina) expresa su profundo malestar ante este tipo de medidas y llama a las autoridades a reverla, a generar las instancias legales para la regularización documentaria, a tomar disposiciones de respeto y abrigo, y a tener una política inmigratoria incluyente.

Horestein   Marcelo                                                  Prof. Daniel Silber

Secretario                                                                        Presidente