Introducción | Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente
INTRODUCCIÓN
AVANCES DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO QUINQUENIO
Las transformaciones educativas alcanzadas y las que aún quedan pendientes
desafían a gobernantes y educadores a valorar los logros del presente como el
resultado de un proceso de reconstrucción política que la sociedad argentina en su
conjunto protagoniza desde el año 2003.
Solo es posible pensar un proyecto educativo nacional promotor de derechos en el
marco de un país que ha logrado recuperar la centralidad del Estado y el mediano
plazo, como condiciones políticas indispensables para el desarrollo de una
perspectiva de futuro.
Reconocer la historicidad del Estado en la última década resulta necesario para
colocarnos en esa perspectiva. El 27 de mayo del año 2003 marca de manera
decisiva el presente. La determinación del presidente Néstor Kirchner de resolver el
prolongado conflicto docente en la provincia de Entre Ríos, logrando el levantamiento
de las medidas de fuerzas, el pago de los salarios caídos y el inicio del ciclo lectivo
delimitan el comienzo de una nueva etapa para los desafíos educativos que estamos
asumiendo.
Así, es posible identificar una primera etapa 2003-2009 en la que se generaron un
conjunto de decisiones orientadas a garantizar las condiciones necesarias para el
ejercicio del derecho a la educación, en particular de las poblaciones en contextos de
vulnerabilidad social y exclusión.
Los ejes que orientaron el primer tramo 2003-2006 se relacionan con: reconfigurar el
ámbito estatal-nacional como integrador de las acciones políticas llevadas adelante
por todos; asumir la responsabilidad estatal como garante de condiciones de igualdad
para todos los argentinos frente al derecho a la educación; recuperar y dar
centralidad a las dimensiones pedagógica e institucional como ejes de las políticas;
fortalecer el lugar de la escuela y la tarea de los docentes como agentes de
transmisión y recreación de la cultura, y sostener y reforzar la función inclusiva de
las propuestas pedagógicas que despliegan los sistemas educativos en todo el país.
La sanción de las leyes de Educación Nacional, Financiamiento Educativo, Educación
Técnico Profesional y la de garantía del salario docente y los 180 días de clase surgen
en este período como herramientas políticas destinadas a reconstruir, transformar y
fortalecer el sistema educativo argentino.
En este período y como consecuencia de la sanción de la Ley de Financiamiento
Educativo, surgen los convenios bilaterales, instrumentos de planificación que regulan
la asignación de recursos, destinados al cumplimiento de los objetivos consagrados
en la misma.
Integradas estas normas al conjunto de las políticas educativas, se generan planes y
programas que, haciendo foco en las deudas históricas del sistema y en las
desigualdades más sentidas, proponen una agenda de trabajo que opera sobre las
urgencias y, al mismo tiempo, sobre los problemas estructurales. Los docentes, las
escuelas y las aulas se constituyeron en una prioridad política.
Por ello, el estado nacional avanza en la recuperación de los días de clase, la
recomposición de los salarios docentes, el equipamiento y dotación integral de
recursos para las escuelas, la reconstitución del sistema de formación docente, el
acceso masivo de alumnos, docentes e instituciones de la educación estatal a las TIC
y la ampliación de cobertura en todos los niveles del sistema.
Sobre estas mejoras en las condiciones para enseñar y aprender en la escuela
pública argentina, y en un marco de confianza institucional y autoridad política por
parte del Estado, se comienza a transitar un segundo momento de definiciones que
queda plasmado en el Plan de Educación Obligatoria 2009-2011.
Este Plan convoca al ME y los gobiernos provinciales a establecer modos de
intervención planificados sobre los desafíos educativos plasmados en la Ley Nacional
de Educación. Producto de una construcción federal, el plan define la acción
coordinada entre los equipos nacionales y provinciales y se transforma en la base
para la priorización de los objetivos y metas que expresen un acuerdo común para
cumplir con las disposiciones de la Ley.
Promueve líneas de acción tendientes incrementar los niveles de responsabilidad
sobre los resultados de lo realizado y su impacto en relación con el cumplimiento de
los objetivos políticos concertados federalmente, los que se orientan en dos
direcciones: políticas que tienen como prioridad la inclusión y políticas que privilegian
la calidad de la enseñanza y los aprendizajes.
El año 2012 nos encuentra en una etapa de análisis y evaluación como requisito
necesario para dar continuidad a la acción de planificación como elemento ordenador
de la política.
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